JUBILADOS - ANSES Imprimir

El Observatorio Constitución y Democracia, presento a la CSJN, un análisis de la situación ANSES-  JUBILADOS y los Derechos Humanos, en caracter de  "AMICUS CURIAE", frente a la inequidad, avasallamiento a los DDHH, uso indiscriminado de los fondos previsionales para fines políticos, endeudamiento permanente con la clase pasiva, generación de tortura psicologica y material, impedimento para desarrollar la existencia dignamente, costos innecesarios de abogados para reclamar lo que es suyo por parte de los jubilados y porque todos somos rehenes del manejo discrecional del poder ejecutivo de los fondos previsionales, que dice no poder pagar las deudas a nuestros mayores, pero gasta tres veces ó más que el monto anual que debería pagarle a los jubilados en subsidios al transporte, a las empresas de energías, y otros siendo que con disminuir un 30% esos subsidios y destinarlos a reparar la deuda con los jubilados, se haría justicia y lograríamos una mayor inclusión social para que nuestros mayores puedan vivir sus años de vida con DIGNIDAD y sin el dolor del abandono de la sociedad en general y en particular por los Legisladores, el Gobierno y Sindicalistas. Si somos un sociedad solidaria debemos resolver esta verguenza nacional.

Buenos Aires, 8 de Agosto  de 2011.

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.

APORTE CIUDADANO, PARTICIPACIÓN Y
PREOCUPACIÓN POR LAS CONDUCTAS
DE LA ANSES Y LA CONDICIÓN
DE LA CLASE PASIVA

POR EL OBSERVATORIO
CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA

“AMICUS CURIAE”

 

Corte Suprema de Justicia de la Nación
Presidente.
Dr. Ricardo Luís Lorenzetti
Presente.

Ref: ANSES y CLASE PASIVA: CONDUCTAS

De nuestra consideración;
Nos dirigimos al Sr. Ministro de la CSJN, en nuestro carácter de institución de la Sociedad Civil, acorde a la autorización de la IGJ, resolución Nº. 914/09, con Domicilio en Av. Santa Fe 2781 8º “B”, a los efectos de aportar nuestro relevamiento respecto de la situación de interés general, que involucra a la ANSES y a la CLASE PASIVA, en relación a diferentes reclamos, actualizaciones,  pagos demorados, incumplimiento de fallos de la justicia, de acuerdos internacionales y  otros, que producen innumerables daños y perjuicios a los jubilados y ancianos de nuestra sociedad.

Asimismo se advierte el uso de los fondos del sistema previsional, que administra y utiliza la ANSES para otros propósitos, que podrían llevar a futuras crisis de graves consecuencias a más de seis millones de jubilados, como ya ha ocurrido en el pasado y hasta  la fecha. Una solución podría ser abonarles a quienes reclaman la actualización de su beneficio por medio de un plan de pagos a 10 o 20 meses, esto resolvería el problema y fortalecería la economía y aliviaría a los familiares que deben hacerse cargo de sus mayores, y a estos realizar su existencia dignamente.

No somos expertos en derecho y las diferentes especialidades que se necesitan para brindar una visión académica, sin embargo como analistas de problemas y expertos en circuitos y procesos administrativos y sociales, venimos  a presentarles a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en carácter de “Amicus Curiae”, el documento elaborado acorde a la calidad de interés social de la causa y la noción de participación ciudadana sea de clase pasiva o activa del mercado laboral,  según el cual los directivos de la ANSES, se encontrarían contraviniendo múltiples normas, leyes nacionales e internacionales y fundamentalmente causando torturas de diferente tipo a personas que en muchos casos no están en condiciones de ejercer legitima defensa. Leer que  han perdido un expediente que debía ser liquidado al beneficiario de más de 80 años, en dos oportunidades luego de años de litigio, no puede ser más representativo de la irresponsabilidad de las autoridades del organismo y una consecuencia de daño mortal para el perjudicado/a. Más allá de los directivos actuales, y de buenos resultados en la gestión operativa, debemos cambiar sistemas que en nada benefician a la sociedad y que permiten desvíos de los objetivos  principales de la República.

Por ello, en nuestra misión, desde una sociedad Democrática y Participativa, de defender la Constitución Nacional, la Democracia y aportar a una sociedad en plenitud, es que realizamos este aporte, con nuestro mayor respeto y humildad, atento a la importancia de vuestras trayectorias y responsabilidades y con el objetivo de hacerles llegar nuestro compromiso ciudadano con los derechos, garantías y valores que Uds., defienden.
 
Saludamos a Ud, con nuestra mayor estima.


Juan Antonio López
Presidente
Observatorio Constitución y Democracia AC


EN CARÁCTER DE “AMICUS CURIAE” REALIZAMOS ESTA PRESENTACIÓN EXPONTANEA Y DE COLABORACIÓN A LA CSJN, FRENTE A LA POSIBLE COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLACIÓN A LOS DDHH EN LA DIGNIDAD HUMANA Y DE TORTURA A LA CLASE PASIVA. 

I.- CONTEXTO GENERAL.
Corresponde hacernos algunas preguntas para comprender el marco legal y la realidad política, económica, social y de derechos civiles que afectan a millones de ciudadanos Argentinos de la clase pasiva; jubilados y pensionados. Sin embargo esta situación que enfrenta a la clase pasiva de la Argentina, también afecta a toda la clase activa, ya que las políticas de la Anses y sus funcionarios en los manejos de los fondos previsionales cualquiera sean su clasificación, esta llamada a desfinanciamiento y perjuicio futuro (sic) para estos y aquellos como ya lo vienen sufriendo en carne propia. Veamos las preguntas que nos darán el contexto general y particular que se visualiza en el colectivo social:

1) ¿Somos iguales frente a la ley, artículo Nº  16 de la Constitución Nacional?, cuando existen diferencias notorias en la forma de calcular los haberes del beneficio a los jubilados por ejemplo cuando docentes y de otros regímenes especiales, como presidencia, científicos, judiciales y diplomáticos, que se determina por un índice propio que sigue la suba salarial de la clase activa o por la presión gremial.

2) Mientras millones de jubilados no cobran lo que deberían, "asistimos azorados al uso indiscriminado de miles de millones de pesos de la Anses para destinos como créditos a tasas subsidiadas,  en diferentes formas para empresas como General Motors, papelera Masshu, Syngenta, Juan Minetti, Emgasud, Central Termoeléctrica Belgrano y Timbúes, AySA, Edenor, Mercedes-Benz y Ovoprot., Futbol para Todos, financiamiento del déficit de Aerolíneas y préstamos al Poder Ejecutivo".  Sin embargo de pagar los juicios, actualizar debidamente y a derecho los índices de ajustes a los beneficios de la clase pasiva y el 82% móvil se dice que colapsaría o se desfinanciaría el sistema. ¿Por qué no financiarlo adecuadamente entonces?

3) La última medida de fuerte impacto anunciada por el Gobierno, la asignación universal por hijo de 200 pesos, requiere un financiamiento de $ 10.000 millones, que, según el decreto que crea ese beneficio, saldrán del sistema previsional, es decir, de la caja de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en dos variantes: los recursos que financian el actual régimen previsional y los rendimientos anuales (rentabilidad) del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (fondos expropiados a las AFJP en diciembre de 2008).  De igual forma la Anses se hace cargo de la entrega de millones de Netbook, para estudiantes de todo el país y así otros gastos de corte político, que deberían ser partidas financiadas por el Tesoro Nacional, y no por los jubilados negándoles sus derechos y vivir su vida dignamente.

4) El jubilado realizó aportes y pago sus impuestos para percibir un beneficio jubilatorio que le permita vivir con dignidad y de modo que su nivel de vida no se deteriore una vez que ingresa en la pasividad. Lo que pasa es que los fondos de la seguridad social se aplican a destinos ajenos al previsional y esto va en contra del Decreto 897 sancionado en 2007 por Néstor Kirchner, que dispone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sólo puede aplicarse a la mejora de los haberes previsionales. No puede ser que el Fondo de Garantía de la ANSeS dé créditos para las automotrices, para la adquisición de computadoras y otros destinos ilegales frente al decreto 897-07. También es injusto pagar con fondos de ANSeS prestaciones asistenciales o moratorias a personas que no han aportado. Estas deben ser pagadas por el Tesoro nacional. Si la sustentabilidad del sistema puede ser manejada por decreto, se viola la Constitución Nacional, cuando estos decretos avasallan las garantías y derechos de la misma.
5) Un último ejemplo para graficar lo anteriormente descripto. En obras de infraestructura, el gobierno anunció, que la obra, llamada Chihuidos I, costará u$s 1.100 millones y sería financiada con fondos provenientes de la ANSES y del Banco de Desarrollo de Brasil (sic).
La historia nos demuestra que frente a nuevas crisis, los fondos del sistema previsional, se licuan y la clase pasiva  es mantenida en la pobreza, la indignidad de tener que depender de familiares afectando en muchos casos la vida de estos, y este mal, se ha repetido a lo largo de la vida del sistema previsonal. Por ello los poderes del estado y la ciudadanía debemos arbitrar todos los medios para evitar nuevas catástrofes. Debemos defender los DDHH y la vida digna de los más débiles, garantizada por nuestra Constitución y los tratados internacionales con rango constitucional en nuestro sistema jurídico.  Por ello es inhumano que el gobierno, como autoridad pública y política adopte formas de imponer medidas que menoscaban los derechos de las personas o de grupos sociales como la clase pasiva.

II.- GARANTÍAS Y DERECHOS INCLUIDOS EN NUESTRA CONSTITUCIÓN NACIONAL.
La extensión y alcance del derecho a la vida comprende un sinnúmero de aspectos entre los que destacan:

a) El derecho de todo ser humano a que los demás individuos no atenten injustamente contra su vida, integridad corporal, mental, social, económica, familiar, salud, conocimiento, esparcimiento, etc.

b) El derecho de todo ser humano a que el Estado proteja su vida y su integridad como persona contra cualquier ataque de otra persona o institución, evitar la discriminación, la tortura, el daño moral, y todo tipo de intimidación y persecución que limite los derechos y garantías adquiridos.

c) El derecho de todo ser humano a que la seguridad social respete los derechos y garantías, establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, y los beneficios adquiridos, entre otros.
La libertad de la persona está garantizada e implícita en todos los actos de nuestra condición de ciudadanos, y ello conlleva, la de la dignidad humana en cuanto persona.
Si el hombre es un ser con fines propios y estos fines sólo pueden ser realizados por decisión personal, necesita estar exento de la coacción de otros individuos y de la coacción de los poderes públicos que interfieran con la realización de estos fines. Y esto implica entre otras cuestiones el respeto al ingreso lícitamente ganado a lo largo de su vida laboral y al beneficio de su jubilación, sin expropiación por medidas arbitrarias e ilegales.
La libertad, desde el punto de vista jurídico, como dice Recasens Siches, consiste en "hallarse libre de coacciones o ingerencias indebidas, públicas o privadas" abarcando una amplia gama de posibilidades siendo la principal: ser dueño del propio destino  y no ser un esclavo tanto en lo físico, moral, emocional, mental, psicológico, o en lo económico de ningún poder personal o institucional que lo someta por la fuerza o por argucias ilegales, innecesarias y con fallos legales de los más altos estamentos jurídicos que así lo acreditan.
Siendo los derechos atributos inseparables de la persona humana, deben ser respetados sin reparo ni distinción alguna, por cuanto sus derechos dimanan de su naturaleza y del orden Constitucional que la sociedad se ha dado para evitar los atropellos a la dignidad humana y a sus derechos como personas.
Entonces ninguna razón de Estado o persona puede justificar la violación de los derechos primordiales del hombre. La validez universal de los Derechos Humanos es una cuestión práctica referida a la ratificación, por las naciones del mundo, de la Declaración Universal de 1948 y los pactos internacionales posteriores de las Naciones Unidas. Que la República Argentina ha ratificado y se encuentran con garantía Constitucional.

III.- VALORES LIGADOS A LA DIGNIDAD HUMANA
La dignidad de la persona como valor central, emanan de los valores como la justicia, la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la solidaridad, que son dimensiones básicas de la persona, que en cuanto tales se convierten en valores y determinan la existencia y legitimidad de todos los Derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Por otra parte esos valores -justicia, vida, libertad, igualdad, seguridad- están indisolublemente unidos por su raíz y fundamento: el valor de la dignidad de la persona humana. De ahí que la legitimidad y fundamento de un concreto derecho humano, el mismo que se encuentra en interrelación a todos los valores mencionados. Esa necesaria unión sistemática de los valores entre sí es la esencia en el Ordenamiento Jurídico, los mismos a los que le son asignados el carácter de inviolable. Además que no constituyen categorías axiológicas cerradas y estáticas, sino que se hallan abiertos a las continuas y sucesivas necesidades que los hombres experimentan en el devenir de la historia. De ahí surge, también la intrínseca unión existente entre el objeto de los derechos y el fundamento de los mismos -la dignidad humana.

Así, entre estos valores, implícitos reconocidos por la Constitución Argentina, los valores están entrelazados e indesligables, por cuanto se refieren a la persona humana que encierra el significado de todos los demás valores en cuanto que supone que a todas y cada una de las personas les sea atribuido y garantizado lo que le corresponde -lo suyo-, lo que le corresponde por su especial dignidad, por el fruto de su trabajo, de la ley y el derecho. Si del valor dignidad derivábamos el valor justicia, del valor justicia podemos ahora, a su vez, inferir otros cuatro valores; pues si la definición clásica de justicia connotaba "dar a cada cual lo suyo", he aquí cuatro dimensiones que son "lo suyo" para todo persona humana: a) vida, b) igualdad, c) libertad y d) seguridad. Tomamos seguidamente el valor seguridad, que es aquí el que se encuentra fuertemente violado por las acciones de los funcionarios de la Anses y que afecta a los demás valores y aquellos no mencionados explícitamente.

d) El valor seguridad.- Tiene diversas implicancias, así la seguridad que implica el respeto a su integridad física, económica, social y espiritual, y su respectivo correlato en distintas disposiciones constitucionales.
En nuestro tiempo no podemos dejar de reconocer que el hombre tiene en virtud de su dignidad innata, un derecho no solo a su protección física, sino a la protección de aquellos actos, hechos o situaciones que le produzcan un perjuicio moral, psicológico, económico, o de desarrollo existencial, llevándolo a condiciones de esclavitud o restricciones degradante al negarle o quitarle por medios de violencia administrativa y política lo que le corresponde por ley, por derecho y por dedicación de vida..
La seguridad implica el continuo respeto al hombre, por parte de los demás hombres y del Estado, con la finalidad de garantizar al mismo el desenvolvimiento en forma libre, pacífica y tranquila de su existir.

Asimismo el concepto de seguridad, se encuentra relacionado íntimamente con el Estado de Derecho, o sea aquel estado que se encuentra subordinado a leyes y no por encima de ellas o con el poder desconocerlas, de esta forma la persona, encuentra un alto grado de certeza en el mantenimiento de ciertas reglas jurídicas básicas, en que las mismas se aplican de una forma predeterminada, bajo ciertos requisitos expresa y previamente establecidos, lo cual conocemos como seguridad jurídica.
Entonces, de esta forma, la dignidad de la persona constituye una realidad ontológica supra-constitucional al igual que los derechos que le son inherentes, el Estado y la Constitución sólo la reconocen y garantizan, pero no la crean. Así, el Estado y el ordenamiento jurídico que lo regula deben excluir cualquier aproximación utilitaria de la persona, toda visión del Estado totalitario o autoritario como fin en sí mismo. Ser persona es ser un fin en sí mismo. Se viola la dignidad humana cuando la persona es convertida en un objeto o se constituye como un mero instrumento para el logro de otros fines económicos, políticos partidarios o de poder, ajenos a la naturaleza funcional o del organismo específico para el que fue creado.
La dignidad de la persona sólo se refiere al ser humano, no a las personas morales o jurídicas, y por ende constituye el fundamento de la Vida,  la Libertad, la Igualdad y la Seguridad de los derechos. La dignidad fundamenta la obligatoriedad moral y jurídica de respetar los bienes en que consisten los derechos humanos, a las personas en cuanto presencias reales para el ejercicio de su, vida, de su existir.

La dignidad de la persona tiene un contenido integrador de los vacíos o lagunas existentes en el ordenamiento jurídico y en la propia Constitución, de reconocimiento de derechos implícitos. Son esta dignidad y los derechos esenciales que se desprenden de ella, los que deben ser protegidos, garantizados, efectivizados y promovidos, a través de mecanismos eficaces en el ámbito nacional o internacional o supranacional.

IV.- LA DIGNIDAD COMO FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Al término de la Segunda Guerra Mundial, los pueblos inician la etapa de convivencia pacífica, la que tiene como su fundamento en la dignidad de la persona humana, tal como lo declararon los estados reunidos en la Conferencia de San Francisco de 1945, aprobando la resolución de "reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y de las naciones grandes y pequeñas". Luego, la Asamblea General de Naciones Unidad, del 10 de diciembre de 1948, que constituye el primer texto de alcance universal que reconoce la dignidad de la persona y los derechos esenciales o fundamentales que derivan de ella.
En las normas de Derecho internacional reguladoras de Derechos Humanos es frecuente la referencia a la dignidad de la persona humana. En ocasiones la referencia a la dignidad de la persona humana se la caracteriza en forma de derecho.
Por ello que en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama su fe "en la dignidad y el valor de la persona humana" y determina que "todos los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y derechos y, dotados están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".

Sin embargo, esta declaración universal, la de mayor trascendencia conocida por el género humano hasta entonces, se encontró con la falta de voluntad por cumplirla y la ausencia de instrumentos jurídicos eficaces para garantizar los derechos en ella contenidos.
Con objeto de superar dichos problemas vienen luego los pactos o tratados internacionales de derechos humanos, de ámbito mundial y regional.
Por ejemplo, el artículo 11.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos: Toda persona tiene derecho ...al reconocimiento de su dignidad. En otras ocasiones, sin embargo, la dignidad aparece correctamente reconocida como fundamento de los Derechos Humanos. Esto tiene lugar en multitud de normas. Entre ellas pueden señalarse los siguientes: El Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma -en el primer Considerando- que: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad ...; el quinto Considerando del Preámbulo afirma que: los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en ...la dignidad y el valor de la persona... . El artículo primero de la Declaración Universal proclama que: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad...

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre afirma, en el Considerando 1º, que: los pueblos americanos han dignificado la persona humana...; el Considerando 2º de la Declaración Americana dice que:...los Estados americanos han reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de un determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana...

El 2º Considerando de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, aprobada por la Asamblea general de las Naciones Unidas, en sesión de 9 de Diciembre de 1975 se afirma explícitamente que los Derechos Humanos: emanan de la dignidad inherente de la persona humana.

Es así que la Declaración americana de Derechos y Deberes del Hombre, del 2 de mayo de 1948, se complementa la Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, cuyo artículo 11.1 establece el principio esencial de que: "Toda persona tiene derecho al respecto de su honra y al reconocimiento de su dignidad".

Uno de los esfuerzos fundamentales  que deben hacerse, no es tanto "de saber cuáles y cuántos son estos derechos, cuál es su naturaleza y su fundamento, si son derechos naturales o históricos, absolutos o relativos, sino cuál es el modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, a pesar de las declaraciones solemnes, sean continuamente violados".

Este debe ser un esfuerzo real, permanente, complementario y convergente que todo estado  debe poner en salvaguarda los Derechos de la persona debe asegurar, asimismo debe ser entendida en la comunidad internacional, atacando en forma masiva, universal y regionalmente toda violación que restrinja la dignidad y el desarrollo de la vida de las personas, especialmente de aquellos más indefensos como los jubilados, quienes dieron todo a la sociedad y al estado y este ahora les niega sus derechos, sus bienes y su posibilidad de desarrollarse como personas de derecho y de ciudadanos libres.

V.-  DIGNIDAD DE LA PERSONA COMO FUNDAMENTO DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ARGENTINO
Es la dignidad humana que se identifica con la libertad y estrechamente interrelacionada con la igualdad, y los valores y derechos desarrollado anteriormente, entendida como reconocimiento de la misma naturaleza y derechos a todos los seres humanos.
En nuestra CARTA MAGNA, la dignidad humana se encuentra literalmente expresada en diversas disposiciones, así tenemos que ya en la primera manifestación de los Constituyentes que sancionaron la misma, como lo afirma nuestra carta fundamental en el: Artículo 14 y 14 Bis, referido a los derechos,  Artículo 15, abolición de la esclavitud, Artículo 16, Igualdad frente a la Ley, Artículo 28 Inalterabilidad de los principios, derechos y garantías .Artículo 33, otros derechos, Artículo 75, inciso 19, Desarrollo Humano, económico. Justicia Social…,Artículo 75, inciso 22, Tratados Internacionales de derechos humanos. Artículo 75, inciso 23, Medidas de acción positiva para garantizar la vigencia de los derechos humanos;
 “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad……..sigue”

V.1.- Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos con Jerarquía Constitucional

  • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – Art. 1, 2, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 23 y 24.
  • Declaración Universal de Derechos Humanos – Arts. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17,21, 22, 25, 26, 28, y 30.
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos – Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,  11, 13, 17, 21, 24 y 25 (Ley Nº 23.054).
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – Arts. 1, 2, 3, 9, 24, 25, 26 y 27 (Ley Nº 23.313).
  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Arts. 2, 3 y 7 (Ley Nº 23.313).
  • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial (Ley Nº 17.722).
  • Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) (Ley Nº 26.162).
  • Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) (Ley Nº 23.179).
  • Convención sobre los Derechos del Niño – Arts. 2 y 30 (Ley Nº 23.849).
  • Convención para la prevención y Sanción del Delito de Genocidio – Arts. 1 y 2 (Decreto Ley Nº 6286/56).
  • Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley Nº 23.338).

V.2.- Otros Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos

  • Protocolo Facultativo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales / Protocolo de San Salvador – arts. 3 al 6, 13 y 16 al 19 (Ley Nº 24.658).
  • Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley Nº 25.932).
  • Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley Nº 23.313).
  • Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos e Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud (art. 1) (Decreto Nº 7.672/1963).

V.3.- Leyes y Decretos

  • Ley Nº 23.592: Actos Discriminatorios.
  • Ley Nº 24.515: Creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.
  • Decreto Nº 1.086/2005: Aprobación del documento titulado “Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación – La Discriminación en Argentina. Diagnóstico y Propuestas”. Amplia defensa a los ancianos.

SON ACTOS DISCRIMINATORIOS.   Según la Ley N° 23.592

Adóptense medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
Sancionada: agosto 3 de 1988      Promulgada: agosto 23 de 1988

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de ley:
ARTICULO 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidas en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

Cierre: Queda perfectamente determinado en nuestro sistema jurídico y así el espíritu de los legisladores lo han definido, aquellos actos discriminatorios que restringen el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Y Queda claramente demostrado que la ANSES, incumple con la Constitución Nacional, Tratados Internacionales, no respeta ni cumple fallos de la CSJN,  y produce discriminación, tortura y serios perjuicios al estado mismo y a los ciudadanos de la clase pasiva, asiéndose punible los funcionarios a lo que marca la ley.

VI.- EL ESTADO ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA EFECTIVA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
La lucha por la vigencia de los Derechos Humanos ha sido, principalmente, el esfuerzo por limitar el ejercicio del poder estatal a los imperativos que emanan de la dignidad de la persona humana y sus derechos. El Estado y sus agentes tienen la responsabilidad de la efectiva vigencia de los derechos humanos dentro del ámbito territorial donde ejercen su poder y jurisdicción, siendo función primordial de éstos la prevención y sanción de toda clase de conductas delictivas. El Estado es el que debe garantizar el bien común y ejercer sus potestades respectando y asegurando los derechos humanos.

Los derechos humanos constituyen así obligaciones que asume el gobierno del Estado respectivo, ejerciendo su potestad para asegurarlos, respetarlos, promoverlos y garantizarlos. Como consecuencia de ello, el Estado y sus agentes responden ante la comunidad internacional por su violación. Conceptualmente, sólo los estados son quienes violan los derechos humanos; las otras vulneraciones a la dignidad de la persona y al ordenamiento jurídico estatal son delitos si ellos son cometidos por particulares (homicidios, robos, violaciones, injurias, calumnias, entre otros).

El rasgo fundamental y característico de las violaciones de los derechos humanos es que son cometidos por el poder público o a través de las potestades, competencias y atribuciones que éste pone a disposición de los agentes estatales u otros que lo ejercen.
En situaciones excepcionales o límites, como es el caso de guerra interna, donde los insurgentes o la guerrilla ejercen su poder sobre un área territorial en forma relativamente estable, poseyendo una especie precaria de poder público, también están obligados, al igual que el gobierno regular del Estado, a actuar dentro del respeto del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos; de lo contrario, no sólo cometerán delitos dentro del ordenamiento jurídico del respectivo Estado, sino que serán, además, responsables de la violación de los derechos humanos.

El Estado tiene la obligación de respetar los derechos, vale decir, su ordenamiento jurídico completo, con objeto de respetar y asegurar el efectivo goce a las personas que se encuentran dentro de su territorio y jurisdicción de los derechos humanos, siendo ilegítimo e ilícita las acciones u omisiones de sus agentes, que en el ejercicio de sus competencias y atribuciones, o abusando de ellas, violen tales derechos.
La obligación del Estado de garantizar los derechos le exige a éste asegurar la eficacia práctica de los derechos humanos con todos los medios a su alcance, estableciendo instituciones y procedimientos formativos y jurisdiccionales que permitan superar las amenazas, perturbaciones o privaciones al ejercicio de tales derechos por las personas, restableciendo el derecho, reparando los daños causados, investigando seriamente los hechos para establecer la verdad , determinar los responsables y aplicarles las sanciones pertinentes, civiles, penales y administrativas.

VII.- CONCLUSIONES
La dignidad de la persona humana, como valor fundamental y parte dogmática de los derechos humanos se ha ido debilitando en muchos países, es así que los derechos derivados del reconocimiento de la dignidad del hombre, (libertad, igualdad, honor, intimidad, vida, integridad, etc.) es que si bien se encuentran reconocidos y proclamados, no son respetados en la vida del hombre con la asiduidad que desearíamos, produciéndole así un atropello continuo, y progresivo a su dignidad y desarrollo como personas.
La dignidad humana tiene un reconocimiento positivo e implícitamente en los demás derechos en los planos constitucionales, por tanto una sociedad verdaderamente democrática a la que se refiere la propia Constitución debe dar prioridad a ultranza a los derechos esenciales de la persona que hacen a su dignidad.

La Constitución   los reconoce y protege. Es decir que Los derechos humanos son inherentes a la naturaleza humana. El hombre nace con ellos, por tanto el respeto a su dignidad de igual manera no pueden ser violados o trasladados en el tiempo, mientras la vida se pierde en el reclamo y la perversa actitud de desconocer el perjuicio, la tortura y el daño moral que se le infringe en este caso al jubilado al quitarle su beneficio, su propiedad, su derecho a ser libre, y poder realizar su destino, al no cumplir la Anses y sus funcionarios los fallos de la Corte, al Ignorar compromisos con la OEA y los Derechos Humanos Internacionales, al perder expedientes, al aplicar sistemáticamente y de manera contumaz índices de actualización ilegales para actualizar el beneficio jubilatorio, al apelar sin justificación y razón de fondo fallos de los jueces, al  planificar pagos a varios años de la sentencia judicial que impone el pago dentro de los 120 días del fallo judicial.

¿Qué reacción tendrían los funcionarios de la Anses y de todo el gobierno si se les quitara por cualquier razón el 52% de sus haberes y se les indicara que lo van a cobrar siguiendo un cronograma dentro de 20 o 30 años?. Cuando el gobierno, los poderes del estado no están a derecho, no respetan lo que  la justicia indica, el gobierno, los funcionarios en este caso de la Anses, realizan discriminación, violan la ley, la Constitución, los tratados internacionales y lo más grave violan la dignidad humana, someten a millones de ciudadanos a un perversa persecución negando sus derechos, tortura mental, emocional y física con personas que no disponen de larga esperanza de vida y esto no es justicia, es lisa y llanamente TORTURA y daño moral, además del económico, como también es negación de realizar la existencia según su libertad, sus derechos adquiridos y ahora negados.

Nuestro país adelantado en el respeto a las mujeres, a los niños y especialmente por la ancianidad, cuando por la preocupación permanente de Eva Perón por los ancianos hizo que escribiera y anunciara, el 28 de agosto de 1948, el “Decálogo de la Ancianidad”, una lista de derechos de los ancianos que fueron incorporados luego en la Constitución de 1949. Los diez Derechos de la Ancianidad eran: asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto. Todos ellos luego incorporados en los tratados internacionales y en nuestra Constitución Nacional. Nuestros actuales dirigentes políticos y sindicalistas parecen haberse olvidado de  toda justicia social, el ideario de Eva Perón, especialmente la tranquilidad y el respeto por la clase pasiva.

Debemos recordar que nuestros legisladores ayudaron a crear las AFJP, con comisiones más del doble que en el mercado internacional, lo que nos costó esas comisiones, dicen más de 30.000 millones de dólares y luego las eliminan, vuelven a estatizar sin recaudos para evitar usos fuera de los previsionales. No  podemos dejar de señalar, la violación del Poder Ejecutivo, al sentido democrático expresado por los representantes del pueblo al votar la ley para la aplicación del 82% móvil, para las jubilaciones más bajas y que representaría al 70% de los jubilados y que fuera vetado por el poder ejecutivo, para evitar reglamentar y aplicar ese deseo generalizado del pueblo y sus representantes. Se podrá argumentar que el poder de VETO es constitucional, sin embargo no parece ser justificado ni moral, ni económicamente, demostrando el arbitrio de una persona para avasallar la voluntad democrática de todo un pueblo que determino por medio de sus representantes su prioridad y decisión.
Sin embargo se sigue financiando actividades que en nada compete a la Anses. ¿Por qué no generan propuestas para acrecentar los fondos de la Anses, que es su deber?. ¿Por qué no actualizar los índices según lo marcan los fallos de la justicia y se propone un pago en planes de 10 a 20 meses?. Muchos aceptarían esta propuesta y los bancos pagadores de los beneficios seguro que podrían contra esa cobranza generar adelantos a quienes lo necesitaren. ¿Qué ocurriría si el país cae en crisis económico financiera y produce  un default y no puede pagar los bonos que dicen empapelan la ANSES?. La actual ley de movilidad jubilatoria Nº 26.417, demuestra la realidad de urgente necesidad de actualización de los años anteriores al 2008, dado su grado de desactualización y perjuicio que causa, además de la cantidad de años y litigios al que se obliga al beneficiario para obtener la actualización ineludible de su beneficio en el ámbito de la justicia. Por último queda pendiente a los legisladores legislar para eliminar el beneficio como ingreso gravado por el impuesto a las ganancias.

Por todo lo referenciado entendemos que los funcionarios de la ANSES,  podrían encontrarse incursos en VIOLACIÓN a los DDHH y delitos de orden civil, administrativos y penales  por discriminación, tortura, perjuicio y daño económico y moral a la “clase pasiva” y por no buscar soluciones y propuestas genuinas a las violaciones que vienen cometiendo y la falta de obligaciones a sus deberes de funcionarios públicos para el cargo que están designados.  Esta es la percepción de los ciudadanos acorde a las acciones que cada día ven se realizan desde las autoridades del organismo en cuestión.

Entendemos que buscar soluciones en el marco de la Constitución Nacional, la Democracia y los DDHH, para evitar estas conductas y estos daños, es una obligación vital para los funcionarios de la ANSES, los Gobiernos, para los Legisladores y de todos los argentinos sin excepción.

Será Justicia.

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